| Abstract | dc.description.abstract | La razón que nos motivó a profundizar en esta materia fue realmente accidental. Estudiando el inciso 4° del artículo 1° del Decreto Ley Número 3.516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos, nos percatamos que el mismo, utilizando una pobrísima redacción, dispone “que en las escrituras públicas en que conste el título de la enajenación de predios resultantes de una división se debe dejar constancia
de la prohibición de cambiar su destino rústico y, en su artículo 3°, se instituye en carácter de sanción general, la nulidad absoluta a los actos o contratos otorgados o celebrados en contravención al mismo decreto ley. Por lo tanto, el problema que
únicamente nos proponíamos resolver en esta memoria era determinar si dicha sanción de nulidad absoluta era o no aplicable a un acto o contrato en que se omita tal constancia de la prohibición de cambio de destino del predio, ya que no han sido pocos los casos en que judicialmente se ha discutido esta materia, y creemos que así seguirá siendo ya que precisamente hoy, con la expansión de las grandes urbes del país, cada vez son mayores las zonas en donde es aplicable este decreto ley.
A poco andar en la cuestión antes mencionada, observamos que su solución se encuentra en la cabal comprensión de las formalidades en cuanto elementos de los actos jurídicos. Lamentablemente, la doctrina nacional ha sido escueta al momento de abordar esta
materia, circunstancia que no deja de ser paradojal: por un lado esta paupérrima exposición y estudio de las formalidades en los textos o manuales jurídicos contrasta
brutalmente y no se condice, por decir lo menos, con el llamado fenómeno del renacimiento de las formalidades en que se haya el estado actual del Derecho. | es_CL |
