Delitos de quiebra y reforma procesal penal

Abstract

El paradigma mundial en el cual se desarrollan los distintos países del orbe tiene su explicación en dos aspectos fundamentales: la globalización y la alta tecnificación, o especialización, que han ido adquiriendo los mismos. Es producto de este nuevo escenario que se ha desarrollado una avalancha de revisiones y reformas de los distintos sistemas jurídicos de cada país con el objeto de no quedar atrás en los nuevos procesos y tendencias en lo que a derecho comparado se refiere.

Chile no se ha quedado atrás en este proceso, es así como hace algunos años comenzó a regir la Reforma Procesal Penal . Uno de los objetivos centrales de la misma dice relación con la adecuación del sistema procesal penal a las exigencias de un Estado democrático . Profundizando un poco más, la preocupación fundamental que da nacimiento al proceso de reforma dice relación con la manifiesta inconsistencia existente entre el sistema procesal penal chileno vigente en ese tiempo, y las garantías individuales reconocidas en los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

El objetivo antes mencionado aparece explícitamente en el Mensaje del Presidente de la República que acompañó el Proyecto de Ley del nuevo Código Procesal Penal y en donde se señala: “Desde el punto de vista político y constitucional, el mayor defecto del sistema penal en Chile es que carece de un genuino juicio contradictorio que satisfaga las exigencias del debido proceso. El sistema penal en Chile, en su fase procesal, contradice así una de las garantías inherentes al sistema político. Según lo acreditan diversos estudios, y la observación histórica lo pone de manifiesto, el proceso penal en Chile posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado democrático. La consolidación de la democracia exige la reforma al proceso penal de modo que satisfaga las exigencias de un juicio público y contradictorio. La reforma al proceso penal que proponemos constituye, entonces, una profundización de las instituciones democráticas que conforman al estado chileno”.