Chile, el terremoto y la oportunidad de la crisis: la reconstrucción en estado precario; el laboratorio de la nueva forma de gobernar

Abstract

Han pasado casi tres años desde el último terremoto que sufrió Chile. A las 03:34 de la madrugada del sábado 27 de febrero de 2010, un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter remeció al territorio.

Los sismógrafos marcaron 0.2 décimas más que en mayo de 1960, cuando una catástrofe que incluyó nueve terremotos en dos días y un tsunami asoló a la ciudad de Valdivia. El terremoto del 21 de mayo de ese año afectó gran parte de la zona centro y sur del país que quedaron incomunicadas de Santiago. Al día siguiente un segundo terremoto arrasó con poblados pesqueros como Puerto Saavedra, Corral y Queule, mientras en Valdivia, Puerto Montt, Osorno y Chiloé, los daños materiales fueron cuantiosos. En esa oportunidad las pérdidas de vidas se estimaron en cerca de dos mil personas. El papel del Estado a través de todas sus reparticiones fue fundamental para superar la tragedia y la reconstrucción.

Entre otros de los grandes sismos de las últimas décadas está el que afectó a la zona central en 1971, que marcó grado 7.5 y provocó 85 muertes y millonarias pérdidas.

Catorce años después, el 3 de marzo de 1985 otro terremoto agitó el territorio nacional desde la región de Atacama hasta La Araucanía. Murieron 167 personas y miles de viviendas quedaron destruidas.

En febrero de 2010 el movimiento telúrico que afectó a las regiones desde Valparaíso a La Araucanía duró casi tres minutos y provocó la muerte de 525 personas y la desaparición de 23, daños en viviendas, escuelas, hospitales y caminos. Como en 1960, el terremoto vino acompañado de un tsunami que impactó al borde costero de la Región del Maule y a la Isla de Juan Fernández. La desinformación de las primeras horas y de los días que siguieron, al igual que el sismo, fue de gran magnitud, pese al desarrollo que en las últimas décadas han tenido los sistemas comunicacionales.

Las consecuencias de la crisis que provocó el terremoto y la necesidad de reconstruir todavía generan roces entre los poderes del Estado, los grupos empresariales, los chilenos y chilenas afectados por el sismo y quienes se han preocupado de seguir el proceso de reconstrucción, que aún no termina.

Casi dos millones de personas fueron afectadas y muchas de ellas aún no logran recuperar su anterior calidad de vida, en términos de vivienda, educación, trabajo y entorno comunitario. En estos casi tres años se han abierto debates agitados que aún están en desarrollo para los afectados y el país.

La marcha de las reparaciones y reedificaciones de viviendas y obras públicas, así como algunos casos de corrupción en distintas escalas de la administración pública, han tenido su lugar en informes especializados y pautas de prensa. Pero hay algo que no se observa a primera vista ni se informa en los medios de comunicación: el “laboratorio” en materia de políticas públicas territoriales y sociales que ha desarrollado el gobierno de Sebastián Piñera y que el terremoto de 2010 permitió realizar mediante renovados procesos de subsidiariedad y privatización.

Después del terremoto de marzo de 1985 el recién estrenado ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, Hernán Büchi, emprendió la privatización de las empresas estratégicas del Estado. Así también, el terremoto de febrero de 2010 generó un escenario especial para el primer gobierno de derecha elegido después de medio siglo.

La destrucción de barrios, pueblos y ciudades del sur de Chile abrió una oportunidad inesperada para un gobierno que optó por incluir a los empresarios en el diseño y la ejecución de sus lineamientos políticos. A tal punto que incluso la planificación territorial de la reconstrucción pasó a ser una materia que la institucionalidad ordinaria no contuvo: se tomó la decisión política de articular el retiro programado del Estado mediante la entrega más y más iniciativa al sector privado.

Se podría decir así que el recargado “laboratorio” inspirado en políticas neoliberales que comenzó a operar en febrero de 2010 tiene varias vertientes y antecedentes que la nutren y configuran.

Esta Memoria de Título es un reportaje de investigación sobre la reconstrucción como ventana de oportunidades para esos diseños y nuevos grandes negocios. Sobre la espera, algunos avances y muchas frustraciones que experimentan hasta hoy los damnificados de las distintas localidades golpeadas por los movimientos de la tierra y del mar. También aborda casos de negligencia y corrupción de algunas autoridades públicas. Es sobre el proceso de reconstrucción como caso de fortalecimiento del Estado subsidiario y del modelo de licitaciones y concesiones en Chile. Sobre la disminución del rol del Estado en un proceso de envergadura nacional y pública, de ese Estado que afrontó tragedias como la de Chillán en 1939 o la de Valdivia y el sur en 1960 y coordinó y planificó la reconstrucción en aquellas oportunidades. Y sobre la privatización encubierta de la planificación territorial en las localidades terremoteadas.

La potencia del terremoto no sólo afectó a la tierra. Las arenas políticas también se movieron al ritmo del 8.8. Desde que Jacqueline Van Rysselberghe fue nombrada intendenta, el Bío-Bío no conoció la paz como consecuencia de las pugnas clientelares y caudillistas que se desplegaron entre las dos principales fuerzas políticas de la región: por un lado Van Rysselberghe, con toda una tradición familiar en el Bío-Bío, y por otro el senador Alejandro Navarro, exsocialista, fundador y militante del Movimiento Amplio Social (MAS). Ambos políticos con sus rencillas de vieja y nueva data aportaron a nutrir las frustraciones de la ciudadanía penquista y de todos los habitantes de las regiones que, a partir del 27F, sintieron que entre ellos y el Estado había una distancia cada vez mayor.

Uno de los elementos decisivos del sentir ciudadano fue el abandono completo de la política respecto a las zonas afectadas. A sus ojos, los representantes de la Concertación aparecieron en las comunidades damnificadas recién un año después del sismo. En diciembre de 2011 los políticos visitaron los espacios públicos del Movimiento por la Reconstrucción Justa, instancia social que nació al calor de las demandas y necesidad de organización de los terremoteados. “Dos años después de la catástrofe llegó la senadora Ximena Rincón -precandidata presidencial en campaña- y Jaime Gazmuri -precandidato al municipio de Talca, en ese entonces-, también en campaña”, recuerda Walter Imilan, coordinador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, que le comentaban los vecinos en sus visitas a terreno.

Cada sector político buscó tener de su lado una porción de los lugareños, avizorando tal vez que el terremoto sería un tema de largo aliento y que movilizaría fuertemente a la población. Ninguna de las dos figuras políticas del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe y Alejandro Navarro, escatimó recursos materiales ni políticos y el resultado fue una división que perdura hasta hoy entre los habitantes de esa región.

Para el desarrollo de esta Memoria realizamos un amplio reporteo en terreno, y a distancia; una revisión, y seguimiento de prensa; a la vez, efectuamos una recopilación y análisis de documentos públicos de libre acceso, en algunos casos, y otros obtenidos mediante la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Está compuesta por siete capítulos y tres Anexos. Estos incluyen: la lista de fuentes personales, documentales y de la bibliografía recopilada, una cronología de los hechos y un índice onomástico.

Finalmente consignamos que esta Memoria de Título está redactada según las nuevas normas de la última edición de la Real Academia Española introducidas durante 2012.