Acreditación desacreditada: la caída del sistema encargado de medir y promover la calidad de la educación superior en Chile

Abstract

Una madre llama al Ministerio de Educación. Suena afligida. Su hijo estudia en la Universidad de Las Américas y ese día se enteró de que el plantel no había logrado la certificación entregada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). – “Señorita ¿eso significa que van a cerrar la universidad?” –, pregunta. La acreditación de la calidad en las casas de estudio de educación superior y el debate respecto de este tema comenzó a abrirse espacio a comienzos del 2012, en medio de una contingencia salpicada por el escándalo de los delitos de cohecho, lavado de activos y soborno que habrían sido cometidos por autoridades del Estado y rectores de algunas universidades. Este cuestionamiento, que se ha planteado en términos académicos y judiciales, le ha dado un valor al proceso de acreditación en la sociedad, que si bien aún no comprende estrictamente lo que significa, lo ha interpretado como un sello de calidad. La discusión se ha iniciado. La calidad en la educación se ha transformado en un eje fundamental en el discurso de los movimientos sociales y de los políticos de todas las bancadas y mientras se resuelve cómo establecer criterios mínimos para el cumplimiento de este objetivo, los estudiantes exigen más, quieren más y esperan más de un sistema que hoy tiene una matrícula que ha crecido nueve veces en los últimos 30 años y que sigue prometiendo mejorar la calidad de vida de los jóvenes y sus familias. El Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior ha sido un foco de preocupación a partir de 1998, cuando se crea la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado CNAP y la Comisión Nacional de Acreditación de Posgrado CONAP. Ocho años más tarde se promulgó la ley que aprobó la creación de la Comisión Nacional de Acreditación, que rige hasta el día de hoy. Sin embargo, y a pesar de que estos organismos fueron creados para velar y promover por la calidad en la educación superior, su misión se encuentra cuestionada y los jóvenes que quieren ingresar a alguna universidad, instituto profesional o centro de formación técnica no tienen cómo saber si el sello “Acreditada” es un indicador válido aún. Es preciso preguntarse entonces si el sistema actual es apto para dar esas garantías a los estudiantes: ¿La ley vigente asegura que las instituciones que se someten a este proceso entregan un funcionamiento de calidad a los estudiantes que ingresan a ellas? ¿Está preparado el sistema de acreditación y el sistema de educación superior para el nivel de matrículas, sedes y carreras que existen en la actualidad y que ha crecido de manera sostenida en los últimos años? ¿El marco de la institucionalidad vigente permite hacer distinciones entre los planteles o sólo la tradición y el prestigio con los que cuentan continúan siendo el principal indicador y predictor para los jóvenes y para sus familias? ¿Está en crisis la Comisión Nacional de Acreditación? ¿Técnicamente cómo se construye un proyecto de ley que efectivamente asegure la calidad en la educación superior?