La eficacia de la ley N° 21.172 en jaque. Factores jurídico-económicos que obstaculizan el retiro de los cables de telecomunicaciones en desuso

Abstract

Esta investigación explora las normas jurídicas que imponen la obligación a las empresas de telecomunicaciones de retirar los cables y otros elementos en desuso de su planta externa. Estos elementos, aparte de ser contaminantes, amenazan la seguridad de las personas. Este estudio sostiene que, a pesar de que estas normas existen desde hace décadas, no han sido observadas por dichas empresas. La Excma. Corte Suprema analizó esta materia en 2018 al fallar la apelación a una acción de protección deducida en contra del Departamento de Aseo de la municipalidad de Puerto Varas. En dicho fallo, el máximo tribunal consagró una prelación de responsabilidades, en virtud de la cual la empresa de telecomunicaciones es la responsable del retiro; y, sólo en subsidio, cabe responsabilidad a la empresa de distribución de energía eléctrica; o, eventualmente, al propietario privado dueño del terreno donde se ubique el poste de apoyo; y, sólo en última instancia, debería responder el municipio. Del análisis de la Ley N° 21.172 de agosto de 2019 y del borrador de su reglamento se concluye, en general, que se trata de un marco normativo ineficaz para cumplir su objetivo. Luego de cinco años de tramitación se obtuvo un magro avance que sobrecarga al Estado con tareas administrativas, de fiscalización, municipales, legislativas y judiciales; pero, finalmente, no provee una solución práctica para acreditar el desuso de los cables y aplicar las multas definidas. En contraste, este trabajo propone la aplicación de un incentivo de mercado para resolver este problema. En efecto, se recomienda gravar a las empresas de telecomunicaciones con un permiso anual, la permanencia de cables en el espacio público, estén o no en uso. La tarifa por contaminación aumentaría progresivamente en el tiempo de manera tal que las empresas aceleren el retiro de cables en desuso. La recaudación sería a beneficio fiscal o municipal

This research delves on the regulations on telecommunications companies aimed to remove unused cables and/or out of plant elements. Apart from being contaminants, such materials might pose a threat to people`s security. It asserts that despite being in existence for long time, they have not been duly complied with by such companies. The Supreme Court of Chile dealt with the matter in 2018, in a case that rendered the municipality of Puerto Varas accountable for breaching cleanliness and ornamental municipal duties. In said ruling, the court established a priority of responsibilities, by virtue of which telecomm companies are primarily responsible for unused cable removal, in default thereof the responsibility lies on electric power distribution companies or, eventually, on private owners of the land where the support pole is located and, only as a last resort, the municipality should be held responsible. After analyzing Law 21,172 of August 2019 and its corresponding draft-regulation vis-à-vis their goal, the general conclusion is that it is an ineffective regulatory framework. After five years of legislative process a meager advance was obtained and resulted in overburden the State with administrative, oversight, municipal, legislative and judicial tasks, with no practical solution to the problem of accrediting cable disuse and applying corresponding fines. In contrast thereof, this work advances a market-based incentive to solve such problem: to establish an annual fee for keeping used or unused cables. This fee should increase progressively so companies rather accelerate the cable junk removal. Proceeds of such fee should go to either local or national treasure