Licitaciones de defensa penal pública

Abstract

El presente trabajo tiene por finalidad explicar cómo, en el marco de la política pública de Justicia, es posible fundamentar los motivos, más allá de los normativos, en virtud de los cuales el Estado debe proveer servicios de asistencia legal en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, explicando las razones normativas y empíricas que sustentan su establecimiento y, en particular, los fundamentos detrás de la utilización de sistemas de externalización. Se expondrá cómo la literatura ha explicado esta situación: por un lado la jurídica, a través del concepto del debido proceso, y por la otra, la económica, a través de la minimización de los costos sociales para la provisión de bienes públicos. Se explicará que el bien público justicia requiere una serie de factores esenciales para su producción, relacionados por una condición de mínimos, entre los cuales se encuentra la defensa. Se indicará que la producción sub óptima de la defensa conlleva una intervención del Estado para su provisión, sobre todo si esa producción sub óptima es consecuencia de que la mayoría de la demanda por estos servicios en el sistema de enjuiciamiento criminal proviene de personas pobres, con escasa disposición a pagar por esos servicios y, por otro lado, pues la inexistencia de defensa implica afectar la continuidad y eficiencia del sistema judicial en su conjunto. Una interrogante a resolver es si el Estado debe producir o comprar el servicio de defensa. Si bien la literatura de licitaciones de defensa penal ha puesto énfasis en los aspectos asociados a las áreas sensibles, es necesario establecer elementos que permitan evaluar qué aspectos se deben considerar para ocupar un sistema u otro. Con dicha finalidad se analizará el sistema implementado en Chile y sus resultados, con el objeto de proveer de información de la manera en como alguno de esos supuestos se han comportado. Lo anterior puede resultar relevante en un momento de reformas judiciales, no sólo la procesal penal completamente instalada, sino que también la de tribunales de familia y la nueva justicia laboral, en proceso de instalación. Estas experiencias y modelos debiesen servir también para evaluar los aspectos vinculados a lo que se supone serán las reformas al sistema de enjuiciamiento civil.