| Abstract | dc.description.abstract | Desde que los conflictos entre el capital y el trabajo comenzaron a generalizarse en
Chile durante el último tercio del siglo XIX, las autoridades provinciales y locales
manifestaron un interés casi espontáneo por mediar a fin de mantener el orden público y
evitar una escalada entre las partes1. Pero ante la inexistencia de leyes y normas específicas
que regularan las relaciones entre el capital y el trabajo, la intervención de los
representantes del Estado quedaba librada a su propia voluntad y criterio. La conciliación y
el arbitraje –que habían surgido en el Viejo Continente en la década de 1860- no eran
obligatorios ni legales en esta nación sudamericana. Sólo dependían del acuerdo entre
trabajadores, empresarios y funcionarios provinciales, municipales, policiales o militares.
Sin embargo, a pesar de su precariedad, estos mecanismos espontáneos se fueron
generalizando a tal punto que hacia el Centenario de la Independencia ya constituían una
práctica relativamente difundida aunque –como se ha dicho- sin obligatoriedad legal.
Este artículo pretende explorar las actitudes y posiciones que asumieron durante el
primer cuarto del siglo XX en Chile los actores –estatales, obreros y empresarialesllamados
a constituirse en las piezas irreemplazables de una relación que por definición y
tradición se mostraba muy conflictiva. Al abordar esta temática nuestra mirada se centrará
en el movimiento obrero y popular, pero sin descuidar la atención sobre el Estado y el
empresariado. | es_CL |
