Aplicación de un sistema de control de gestión para el Poder Judicial de Chile

Abstract

El Poder Judicial de Chile corresponde a uno de los tres pilares fundamentales que sostienen el estado democrático de derecho, junto con el Poder Ejecutivo y Legislativo del país. De acuerdo al artículo 76 de la Constitución Política de la República, "La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos" (art. 76 de la Constitución Política de la República de Chile, 1980). Este artículo de ley consagra el principio de independencia de la función jurisdiccional, lo que asegura la imparcialidad en la labor de impartir justicia. El Poder Judicial de Chile está constituido por la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia, y 17 Cortes de Apelaciones ubicadas a lo largo del país, de las cuales dependen 465 tribunales de primera instancia. A la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), creada el 10 de marzo de 1990, y cuyas funciones se establecen en los artículos 506 y 507 del Código Orgánico de Tribunales, le corresponde la función de administrar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial en su conjunto. En la actualidad, el Poder Judicial de Chile cuenta con un moderno procesamiento de causas judiciales penales, ajustándose a los estándares internacionales. De un sistema inquisitivo se avanzó hacia un esquema acusatorio, en el que se dividen las funciones de investigar, procesar y dictar sentencia de causas.