Abstract
A poco más de 10 años del inicio de este primer
esfuerzo por establecer una institucionalidad y un
marco jurídico de protección del medio ambiente
en nuestro país, la pregunta por su impacto concreto
aparece como ineludible. Específicamente,
resulta imprescindible evaluar la adecuación
del modelo chileno a los requerimientos de una
sociedad que declara estar comprometida con el
desarrollo sustentable.