Análisis de las facultades de la administración en relación a la aplicación de la Ley N° 19.856, crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta: estudio de la jurisprudencia

Abstract

La presente actividad formativa equivalente a la tesis tiene por objeto precisar las facultades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con relación a la denegación del beneficio de reducción de condena, a través de un análisis descriptivo del control jurisdiccional ejercido por los tribunales superiores de justicia, con ocasión de la interposición de la acción de amparo, o habeas corpus. Como ocurre en todos los ámbitos de la administración del Estado, la ausencia de tribunales especializados ha llevado al uso de la acción constitucional de amparo por las personas privadas de libertad para impugnar diversos actos o resoluciones emanadas tanto de Gendarmería de Chile, como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por estimar que vulneran el derecho a la libertad o seguridad individual y para reclamar en contra de vías de hecho que afectan estos derechos. En particular, con relación a la ley en estudio, la acción de amparo ha sido incoada profusamente a objeto de invalidar las actuaciones de la administración en materia de denegación de la reducción de condena. La citada ley establece un mecanismo complejo, dividido en dos etapas: la primera, entregada a una comisión que tiene por objeto calificar el comportamiento de las postulantes al beneficio; y, la segunda, entregada a la administración, específicamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que debe dictar el decreto exento que concede o deniega el beneficio. Este análisis jurisprudencial pretende mostrar cómo nuestros tribunales superiores han ido perfilando el alcance de la Ley N° 19.856 y, más precisamente, si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene competencia para denegar el beneficio de reducción de condena en aquellos casos en que el solicitante ha sido calificado con comportamiento sobresaliente por la Comisión de beneficio de reducción de condena, en adelante “la comisión”.