La responsabilidad por la exclusión indebida de oferentes en licitaciones públicas

Abstract

Esta tesis escudriñará aquellas circunstancias en las cuales resulta discutible poder configurar la concurrencia de alguno de los requisitos de la responsabilidad civil respecto de la actuación del órgano licitador que decidió la exclusión indebida dentro del proceso licitatorio. Menester es anticipar que las demandas que se interpusieron en los casos comentados no poseen un tratamiento especial en la legislación, por lo que deben presentarse como demandas de responsabilidad civil, debiendo el demandante acreditar los elementos que la configuran. Tal como ocurre en todo el resto de nuestro sistema jurídico, en los casos señalados la pregunta es quién y bajo qué circunstancias debe responder por el daño que sufrió una tercera persona. Como cuestión preliminar debe indicarse que los problemas relativos a la culpa y/o ilegalidad en las actuaciones de exclusión del Estado, cuyo fundamento se contiene en las sentencias del Honorable Tribunal de la Contratación Pública (en adelante, indistintamente, “Tribunal de Contratación Pública” o “Tribunal de Contratación”) y cuya función es erguirse como requisito habilitante para la persecución de las indemnizaciones correspondientes; se incluirán de forma tangencial en la presente investigación. En efecto, todas las construcciones teóricas que se han levantado acerca de si la ilegalidad del acto de un organismo conlleva (o no) la falta de servicio en la actuación pública, escapan al interés de las presentes líneas. En cualquier caso, se expondrán someramente las posturas más importantes en relación con aquel tema solo para efectos de contextualizar los problemas que se suscitan al momento de determinar la concurrencia de la falta del servicio o de la culpa del órgano licitante si analizamos el tema desde un punto de vista indemnizatorio o privado. Por otro lado, y solo para delimitar correctamente la discusión, este trabajo no concentrará sus esfuerzos en la interrogante respecto a si es necesario que el acto imputado haya sido anulado antes de solicitar el resarcimiento, en tanto lo fundamental es determinar cómo se combina el factor de imputación con la responsabilidad demandada