El rol del Estado en el aseguramiento del derecho a una vivienda adecuada en Chile

Abstract

La Constitución Política de la República de 1980 no se refiere al derecho a la vivienda ni reconoce el derecho a una vivienda adecuada, lo que implica que este no es exigible ante los tribunales de justicia y ha redundado en una política habitacional donde el Estado se encuentra relegado a un rol subsidiario. Según la Relatora Especial, el sistema de vivienda en Chile se caracteriza por normativas y decisiones que provienen de la dictadura militar, originando leyes que no han sido debidamente debatidas ni analizadas; por la primacía del sector privado, que ha priorizado la propiedad de la vivienda por encima de otros regímenes de tenencia; y por la consecuente segregación espacial de la población de acuerdo con su poder adquisitivo (Naciones Unidas, 2018). Los datos para Chile sobre los elementos constitutivos del derecho a una vivienda adecuada muestran que, aunque se ha avanzado en algunos aspectos como la provisión de viviendas, aún existen múltiples y graves problemas en ámbitos como la seguridad de la tenencia, la asequibilidad económica, el déficit cualitativo, el hacinamiento y la localización de las viviendas; que se han visto acentuados después del Estallido Social de octubre de 2019 y la pandemia por COVID-19 iniciada en marzo de 2020 en nuestro país. Esta situación es preocupante en tanto la violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar el aseguramiento de otros derechos humanos, debido a que constituye una condición previa para el disfrute de los derechos humanos relativos al trabajo, salud, seguridad social, privacidad y educación