"Análisis Ley 20.848 para determinación de mejoras y creación de instrumentos tributarios transitorios como mecanismos pro inversión en Chile"
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Gutiérrez Cubillos, Pablo Antonio
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"Análisis Ley 20.848 para determinación de mejoras y creación de instrumentos tributarios transitorios como mecanismos pro inversión en Chile"
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La presente investigación, tiene por finalidad analizar la Ley 20.848 como mecanismo
legal disponible para impulsar las Inversiones Extrajeras Directas (en adelante, IED) en
Chile, posterior a la promulgación de la Ley 20.780 el 26 de septiembre de 2014, que en
su artículo 9, deroga el Decreto de Ley 600, (en adelante, DL600) de 1974, que se
encontraba refundido en el Decreto Fuerza de Ley 523, (en adelante, DFL523), desde su
promulgación el 03 de septiembre de 1993, ambos a partir del 01 de enero de 2016.
Es en este contexto, es que se promulga el 16 de junio del 2015 la Ley 20.848, que viene
a crear una nueva institucionalidad, reemplazando al mencionado Comité de Inversiones
Extranjeras (en adelante, CIE), encargado de los contratos con inversionistas foráneos,
por una Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (en adelante, APIE), destinada a
incentivar inversiones en sectores estratégicos, correspondiendo a una modernización
institucional soportada en “la sólida consolidación democrática y política en que se
encuentra Chile”, según visión que tenía el gobierno de turno. Por lo anterior, resulta
importante destacar algunas de las justificaciones que sentaron bases para derogar el
DL600, refundido en el DFL523 y que dan cuenta que después del año 2002 comenzó a
perder relevancia frente al uso del Capitulo XIV Compendio de Normas de Cambios
Internacionales del Banco Central (en adelante, Capitulo XIV CNCI BC), ambos
concebidos en momentos en que las inversiones extranjeras efectivamente necesitaban
de un marco especial tanto institucional como de estabilidad para entrar al país, lo que
hoy no sería necesario, considerando que Chile cuenta con un estatus reconocido a nivel
mundial, al ser miembro de “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos”, (en adelante, OCDE), lo que garantiza y transmite seguridad a la inversión
extranjera, junto con mostrarse como un estado con estabilidad económica, social e
institucional, permitiendo avanzar hacia una nueva regulación acorde a los requerimientos
actuales.
Lo relevante para el presente estudio, es que, si revisamos la historia de la Inversión
Extranjera en Chile desde el año 1990 en adelante, encontraremos que mientras estuvo
vigente el DL600, Chile fue uno principales receptores de IED, ubicándose el año 2013 en
el lugar 17º y el año 2014 en el lugar 23º a nivel mundial y 3º a nivel latino americano. Por
consiguiente, si revisamos los últimos 5 años de nuestra historia perteneciendo a la
OCDE
3
, podemos ver que Chile ha perdido notoriamente IED, debido a que sustituyo
principalmente la seguridad que garantizaba el Estatuto de Inversión Extranjera (en
adelante, EIE), por la seguridad que otorga ser un país perteneciente a la OCDE. No
obstante, lo que no se consideró al tomar esta decisión, fue que se requería de
mecanismos transitorios capaces de generar incentivos a los inversionistas, basados en la
entrega de protección garantizada, seguridad de invariabilidad de condiciones y la
aplicación de normas diferenciadas según sea la importancia de la inversión para el
cumplimiento de los objetivos país, todos como elementos fundamentales para el
proceso de atracción de la IED, de tal modo que, siguieran impulsando el crecimiento de
estas para efectos de alcanzar las condiciones mínimas de país de la OCDE y con ello
logrado, dar el paso final hacia la Ley 20.848, ya que a la fecha, Chile como país saliente
de un reciente estallido social, alta desigualdad social, grandes niveles de desconfianza,
polarización política, sin apoyo popular y con sus principales instituciones y/o poderes de
estado cuestionadas, sigue siendo incapaz de cumplir con los estándares mínimos de los
países pertenecientes a la OCDE, a la luz de otorgar garantías, confianza y seguridad que
fomente la IED, ofreciendo a los inversionistas extranjeros estabilidad macroeconómica,
certeza jurídica, disponibilidad de infraestructura, calificación y adaptabilidad de mano de
obra; y un marco jurídico no discriminatorio respecto de los inversionistas nacionales
En consecuencia, la única forma de poder alcanzar los estándares de la OCDE, donde la
Ley 20.848 podría aportar una componente considerable jugando un rol muy importante
respecto de su efectividad en el cumplimiento de los objetivos país, es que Chile pueda
generar sostenidamente negocios y atraer inversiones de calidad, las que a su vez traigan
al país trabajo, progreso, desarrollo, mejoras sociales, fomento y creación de tejidos
industriales, disminución de la pobreza, avances tecnológicos, mayor recaudación, entre
muchos otros beneficios para los cuales la componente de IED se presenta como un
mecanismos Pro Inversión relevante, sin embargo, para ello se requiere analizar dicho
cuerpo legal y determinar la implementación de mejoras, junto con la creación de
instrumentos tributarios transitorios complementarios, que permitan impulsar en forma
efectiva las IED de calidad y de este modo se pueda lograr obtener ventajas competitivas
para Chile en la región como plataforma de negocios. The purpose of this research, is to analyze Law 20.848 as a legal mechanism available to
promote Foreign Direct Investment (hereinafter, FDI) in Chile, after the enactment of Law
20.780 on September 26, 2014, which in its article 9, repeals Decree Law 600,
(hereinafter, DL600) of 1974, which was consolidated in Decree Force of Law 523,
(hereinafter, DFL523), since its promulgation on September 3, 1993, both from 01 January
2016.
It is in this context that Law 20,848 was promulgated on June 16, 2015, which creates a
new institutional framework, replacing the aforementioned Foreign Investment Committee
(hereinafter, FIC), in charge of contracts with foreign investors, by an Agency for the
Promotion of Foreign Investment (hereinafter, APFI), aimed at encouraging investments in
strategic sectors, corresponding to an institutional modernization supported by "the solid
democratic and political consolidation in which Chile finds itself", according to the vision
that the current government had. Due to the foregoing, it is important to highlight some of
the justifications that laid the foundations for repealing DL600, consolidated in DFL523 and
that show that after 2002 it began to lose relevance in light of the use of Chapter XIV
Central Bank Compendium of International Exchange Regulations (hereinafter, Chapter
XIV CB CIER), both conceived at a time when foreign investment actually needed a
special framework, both institutional and stable, to enter the country, which today would
not be necessary, considering that Chile has a status recognized worldwide, being a
member of "The Organization for Economic Cooperation and Development", (hereinafter,
OECD), which guarantees and transmits security to foreign investment along with showing
itself as a state with institutional, social and economic stability, allowing progress towards a
new regulation in accordance with current requirements.
What is relevant for this study is that if we review the history of Foreign Investment in Chile
from 1990 onwards, we will find that while DL600 was in force, Chile was one of the main
recipients of FDI, ranking in 2013 in the 17th and the year 2014 in the 23rd place
worldwide and 3rd in Latin America. Therefore, if we review the last 5 years of our history
belonging to the OECD, we can see that Chile has noticeably lost FDI, due to the fact that
it mainly substituted the security guaranteed by the Foreign Investment Statute
(hereinafter, FIS), for the security that granted by being a country belonging to the OECD,
however, what was not considered when making this decision was that transitional
mechanisms were required capable of generating incentives for investors based on the
delivery of guaranteed protection, security of invariability of conditions and the application
of differentiated rules depending on the importance of the investment for the fulfillment of
the country's objectives, all as fundamental elements for the process of attracting FDI, in
such a way that they continue to promote their growth in order to achieve the conditions
country of the OECD and with this achieved, take the final step towards Law 20,848, since
to date, Chile as a Country emerging from a recent social outbreak, high social inequality,
high levels of mistrust, political polarization, without popular support and with its main
institutions and/or state powers questioned, continues to be unable to meet the minimum
standards of the countries it belongs to the OECD in light of granting guarantees,
confidence and security that promotes FDI offering foreign investors macroeconomic
stability, legal certainty, availability of infrastructure, qualification and adaptability of labor;
and a non-discriminatory legal framework with respect to national investors.
Consequently, the only way to achieve OECD standards, where Law 20,848 could
contribute a considerable component, playing a very important role in terms of its
effectiveness in meeting the country's objectives, is for Chile to be able to sustainably
generate business and attract quality investments, which in turn bring the country work,
progress, development, social improvements, promotion and creation of industrial
networks, poverty reduction, technological advances, higher collection, among many other
benefits for which the FDI component It is presented as a relevant Pro-Investment
mechanism, however, for this it is necessary to analyze said legal body and determine the
implementation of improvements, together with the creation of complementary transitory
tax instruments, which allow to effectively promote FDI and in this way can achieve
competitive advantages for Chile in the region as a business platform.
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Actividad Formativa Equivalente para optar al grado de Magíster en Tributación
Identifier
URI: https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/196325
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