Análisis de la interpretación del artículo 10 literal p) de la Ley N° 19.300: discrepancias entre criterio adoptado en sede administrativa y aquel observado en sede judicial

Abstract

Por medio de la dictación de la Ley N°21.600, que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el resguardo de las áreas protegidas logró concretarse, en mayor medida, a través de la instauración de nuevas entidades administrativas tendientes a aquello. A mayor abundamiento, en lo que respecta a la Ley N°19.300 y el Decreto Supremo N°40 de 2012, del Ministerio del Medio, el legislador ha contemplado las áreas colocadas bajo protección oficial a propósito de las tipologías de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, particularmente el literal p) del artículo 10 y el literal p) del artículo 3 respectivamente. Así las cosas, determinar la aplicabilidad de la causal de ingreso en comento no ha sido sencillo. Al respecto, en sede administrativa, el Servicio de Evaluación Ambiental ha dictado diversos ordinarios a fin de establecer criterios de procedencia de la tipología objeto del presente estudio. Sin perjuicio de lo anterior, el último tiempo, por medio de la interposición de acciones de protección, hemos podido advertir una interpretación más amplia de la aplicabilidad del literal en comento por parte de la Corte Suprema. Este trabajo tiene por objeto atender, por un lado, la interpretación que le han dado las principales entidades administrativas de competencia ambiental al literal p) del artículo 10 de la Ley N°19.300 y, por otro lado, el análisis de aplicabilidad del referido literal que ha efectuado la Corte Suprema, en conocimiento de acciones de protección en la materia. Finalmente, habiendo revisado las competencias tanto de los órganos administrativos en comento como del máximo tribunal nacional y, luego de haber analizado casos prácticos relacionados a la mencionada causal del ingreso al SEIA, se da cuenta de una discrepancia de interpretación entre las autoridades administrativas y el órgano judicial

Through the enactment of Law No. 21,600, which establishes the Biodiversity and Protected Areas Service and the National System of Protected Areas, the protection of protected areas was achieved, to a greater extent, through the establishment of new administrative entities for this purpose. Furthermore, with regard to Law No. 19,300 and Supreme Decree No. 40 of 2012, of the Ministry of Environment, the legislator has considered the areas placed under official protection regarding the typologies of entry into the Environmental Impact Assessment System, particularly Article 10 (p) and Article 3 (p) respectively. Thus, determining the applicability of the entry cause in question has not been simple. In this respect, the Environmental Assessment Agency has issued several administrative rulings to establish criteria to define the applicability of the typology that is object of the current study. However, recently, through the filing of protection actions, we have been able to notice a wider interpretation of the applicability of the Article in question by the Supreme Court. The purpose of this work is, first, to consider the interpretation given by the main administrative entities of environmental competence to literal p) of Article 10 of Law No. 19,300 and, secondly, to analyze the applicability of the referred literal by the Supreme Court, in hearing actions of protection in this matter. Finally, having reviewed the competences of both the administrative agencies and the highest national court, and after having analyzed practical cases related to the aforementioned cause of entry to the SEIA, a discrepancy of interpretation between the administrative authorities and the judicial authority is shown