Gasto privado en cambio climático en Chile

Abstract

Chile enfrenta un desafío derivado de los impactos del cambio climático, pese a representar solo el 0,24% de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Superintendencia del Medio Ambiente, 2022), el país es altamente vulnerable, y sus efectos se evidencian desde hace años con lamentables consecuencias que impactan la vida de la población y afectan la actividad económica de diferentes rubros. Según cifras de la Organización Meteorológica Mundial los desastres naturales se han incrementado en más de 30 veces en los últimos 50 años en Chile con daños estimados en 5 mil millones de dólares (Emergency Events Database, 2022). Así, el país experimenta una sequía de más de 10 años y ha enfrentado devastadores incendios forestales que han afectado la industria agrícola y forestal, con pérdidas de vidas humanas y pueblos consumidos por el fuego, además, son recurrentes las marejadas que impactan el funcionamiento portuario, y lluvias extremas y aluviones que han paralizado ciudades por semanas, por nombrar algunos impactos. Lo anterior ha alterado la operación regular de las industrias, provocando pérdidas de empleos, escasez de insumos y bienes, debiendo el Estado apoyar en estas situaciones con políticas públicas que mitiguen los efectos en la población y pequeñas y medianas empresas de estas externalidades. Por ello, el país ha adoptado una política consistente a lo largo del tiempo ante este desafío. Esta respuesta se ha consolidado como una acción a nivel de Estado que ha permitido avanzar decididamente, posicionando al país en tercer lugar a nivel mundial en la implementación de medidas frente al cambio climático (CCPI, 2023). Entre los hitos relevantes del último tiempo destaca que el país presentó en abril de 2020 ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) la actualización de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) en la que establece compromisos en torno a la mitigación, adaptación y medios de implementación frente al cambio climático al año 2030. Además, en 2021 presentó su Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años para alcanzar y mantener la neutralidad de carbono, un desarrollo bajo en emisiones de GEI, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. Lo anterior, además, se vio reforzado el 30 de mayo de 2022, con la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático que establece como meta que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar el año 2050. Al respecto, un estudio del Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD) indica que en el sector energético nacional se requerirán 260.587 millones de dólares adicionales de inversión a 2050 para cumplir con las medidas de carbono neutralidad propuestas, 63% de lo cual debe ser invertido por actores privados, mientras lo restante corresponde a hogares y el Estado (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023). A la fecha, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos han avanzado en la medición del gasto1 público climático, pero aún no existen resultados en torno al gasto y financiamiento privado. Dado lo anterior, resulta relevante contar con información sobre las inversiones y el financiamiento de los actores privados en la implementación de medidas tendientes a mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático.