Evaluación de impacto a proyecto piloto de persecución penal focalizada

Abstract

La delincuencia es un fenómeno social observado de manera preponderante en Latinoamérica. Así lo demuestra el Latinobarómetro (2015), en el que se señala que el 22,6% de los habitantes de Latinoamérica1 considera a la delincuencia como el principal problema social de sus respectivos países2. A su vez, en Chile esta aseveración representa al 21,7% de la población, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC, 2016). Respecto de los factores que agudizan la delincuencia, la ENUSC, que recoge anualmente la opinión de los chilenos, destaca los siguientes elementos, en orden de importancia: i) Las sanciones débiles que los jueces aplican a los delincuentes con un 15,1%; ii) La falta de preocupación y control de los padres correspondiente a un 14,7%; y iii) El consumo de drogas con un 13,1% de las menciones. En este contexto, sólo el 3,2% de los chilenos considera que la delincuencia radica en una deficiente o mala investigación que efectúan las policías y/o los fiscales3. En contraste, información administrativa referida a causas penales proveniente del Ministerio Público, indica que uno de los aspectos más influyentes en materia de seguridad pública son los términos no judiciales4, especialmente el archivo provisional5. En concreto, el 44% de los términos aplicados por el Poder Judicial corresponden a la salida no judicial de archivo provisional, situación que varía según si se dispone de la identidad del imputado y el tipo de delito. Al desagregar los archivos provisionales de 2016 según si se conoce o no la identidad del imputado, se observa que entre los imputados conocidos sólo el 16% presenta la aplicación de archivos provisionales6, mientras que, entre los desconocidos esta proporción corresponde a un 77,1% de los casos. Por su parte, si sólo se consideran imputados de identidad desconocida 7 , quienes cometen actos contra la propiedad privada son los que mayoritariamente terminan en un archivo provisional, en especial aquellos que han realizado robos (97%) y hurtos (89%). De esta manera, se observa una relación de mediana correspondencia entre la no identificación del imputado (victimario) y el término no judicial en un archivo provisional, particularmente en delitos contra la propiedad (robos y hurtos). En este sentido, se plantea que la Fiscalía es más eficaz (y eficiente) en su misión persecutoria8 cuando se enfrenta a delitos en los que se conoce la identidad del victimario, por consiguiente, las acciones que contribuyan a la individualización (investigación criminal) podrán repercutir en una mayor proporción de términos judiciales9. Bajo esta perspectiva, la Comisión Nacional de Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, consagrada en la Ley N° 20.534, resolvió la implementación de un Proyecto Piloto de Persecución Penal Focalizada (en adelante PPPF)10 en 2015, cuyo objeto es convocar el trabajo desarrollado por el Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería y el Ministerio de Justicia, de modo de desarrollar acciones conjuntas que impacten positivamente en la persecución penal, en lugares determinados y enfocados en tipos penales específicos. El PPPF, en tanto innovación de política pública orientada a la resolución de una debilidad institucional observada, constituye una oportunidad para la evaluación rigurosa de su impacto, y la eventual proposición de ajustes para el mejoramiento de estándares policiales durante las primeras diligencias y el trabajo interinstitucional de fiscales y policías en la investigación criminal. Todo ello con el propósito de robustecer los mecanismos de persecución penal y la consecuente disminución de la delincuencia.