"Directrices de la OCDE sobre gobiernos corporativos en Empresas Públicas : análisis del proyecto de Ley que aplica las directrices y crea el Servicio de Empresas Públicas"

Abstract

Es posible apreciar el accionar estatal y la actividad del Estado, en al menos cuatro dimensiones distintas. La primera de ellas, corresponde a la dimensión propia del orden y la seguridad pública, así como la defensa, la seguridad nacional y el establecimiento de un orden en comunidad a través de la dictación de normas, ya sean de rango legislativo o de un rango subordinado, dentro de las actuaciones generales de la Administración de Estado, denominada “Actividad de Policía”1. Esta, se caracteriza por ser una actividad que pretende materializar, incluso coercitivamente, el orden social. Dicha actividad, tradicionalmente la asociamos a la creación del Estado Moderno. La actividad del Estado se extiende a su vez, a la “actividad de fomento”, que es una actividad ligada tradicionalmente al desarrollo de actividades económicas, normalmente privadas. En nuestro país, podemos asociar esta actividad a la creación de la Corporación de Fomento de la Producción en el año 1960, a través del DFL N° 211 del Ministerio de Hacienda. Para no generar una confusión en el análisis, distinguiremos esta actividad de la “actividad empresarial del Estado”, que corresponde a la tercera actividad del Estado. Señalado lo anterior, es dable analizar la actividad del Estado desde dos perspectivas: por una parte, desde el punto de vista de la actividad propia y respecto de la cual se puede entender como una actividad esencial de este, que es la “Actividad de Servicio Público” (ASP) y que corresponde a la cuarta dimensión a la que se ha aludido; por otra, la actividad empresarial del Estado (desde ahora AEE), que corresponde a la dimensión de la actividad económica dentro de un ámbito en el cual, en principio, se satisface un interés privado (que podría ser colectivo), a propósito de la libre iniciativa privada, el principio de la autonomía de la voluntad y en definitiva, en el ejercicio de la libertad en materia económica. Lo anterior, no obsta a que el Estado, participe en la actividad económica a través de empresas del Estado, o a través de sociedades de naturaleza privada, teniendo distintos intereses para actuar como un agente económico en la actividad empresarial.